Un tema omnipresente en los procesos electorales de nuestro país en las últimas décadas es el de la corrupción. El exhibir como corruptos a sus adversarios políticos fue una muy exitosa estrategia de campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador y los sigue señalando todavía desde sus conferencias de prensa mañaneras, aunque está a un año de terminar su periodo presidencial. Y, ante el arranque del proceso electoral 2023-2024 en el que se disputarán cerca de 20 mil cargos de elección popular en nuestro país (la presidencia de la república, las cámaras federales de diputados y de senadores, 9 gubernaturas, 1,580 ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como 31 congresos estatales), los intercambios de acusaciones mutuas de corrupción entre partidos políticos y candidatos serán cosa de todos los días durante los próximos meses.
De ahí que sea de interés revisar la apreciación de los mexicanos sobre la corrupción. Para esto, se recurre a la ENCIG (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental) que realiza el INEGI con periodicidad bianual y representatividad nacional y estatal, dirigida a la población de 18 años y más que reside en las áreas urbanas de cien mil habitantes y más. Uno de los objetivos específicos de la ENCIG es medir la percepción sobre la situación de la corrupción en el territorio nacional.
La ENCIG indica que, en el año 2021, el 86.3% de los mexicanos consideraba como frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en su entidad federativa, independientemente de la institución u orden de gobierno que los practicara. Varios aspectos llaman la atención en los datos por estado: a) lo elevado de los valores en todas las entidades federativas; b) que los cuatro estados con los valores más bajos de percepción de corrupción frecuente están gobernados por partidos de oposición (Querétaro, Yucatán, Coahuila y Aguascalientes); c) que el estado con el mayor porcentaje es también de oposición (Jalisco); y d) que las posiciones 15 a 31 corresponden a estados con gobierno de Morena. La percepción de corrupción frecuente es independiente del partido político gobernante.
Otro indicador interesante, éste no de percepción, es el del costo de los actos de corrupción. La ENCIG estima que en 2021 el costo total por corrupción en la realización de trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos por integrantes de los hogares ascendió a $9,500 millones de pesos o $3,044 pesos por persona afectada. Esto implica que en ese monto no se incluyen los actos de corrupción con unidades económicas o entre servidores públicos. Algunos aspectos que se pueden señalar son: a) en términos generales el costo de la corrupción tiende a ser menor en los estados del centro y del norte del territorio nacional y mayor en los del sur y el sureste; b) los primeros 7 estados con los costos de corrupción más bajos tienen gobiernos morenistas; c) el estado con costo más alto de la corrupción (Yucatán) está gobernado por un partido de oposición; y d) la diferencia en el costo de la corrupción entre el estado más bajo (Colima) y el más alto (Yucatán) es muy grande.
La famosa frase del presidente AMLO de: “no somos iguales”, cuando se le hace referencia a algún probable evento de corrupción en su administración o entre sus familiares, al parecer lo cubre a él mismo bastante bien, pues su nivel de aceptación entre la ciudadanía es en general aceptable, pero parece que no ha permeado entre los funcionarios públicos de las entidades federativas, ni siquiera en las que son gobernadas por su mismo partido.
