En los pasillos de la Presidencia Municipal de León, se dice que la estrategia política de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ya no se decide en el comité del PAN, sino en la oficina de Comunicación Social.
En el centro de esa estructura opera Enrique Avilés Pérez, un viejo operador del «marquismo» que ha pasado de ser proveedor millonario del municipio a convertirse en el «cerebro» que susurra al oído de la presidenta.
Versiones internas le atribuyen a Avilés un peso desproporcionado en las decisiones de la alcaldesa, incluyendo la maniobra más arriesgada de su carrera: romper con el PAN y explorar una alianza con Morena.
Sin embargo, la figura del consejero no llega limpia; arrastra un «expediente negro» de empresas fantasma, amenazas a periodistas y conflictos de interés que hoy ponen en jaque la credibilidad de la administración.
El historial: de empresas «fantasma» a las amenazas
El currículum de Avilés es una cronología de escándalos no resueltos.
En 2017, mientras coordinaba la comunicación del exgobernador Miguel Márquez, investigaciones periodísticas revelaron pagos por 5 millones de pesos a FBM Comercializadora, una empresa boletinada por el SAT como «fantasma» (operaciones inexistentes).
La Auditoría Superior del Estado (ASEG) detectó posteriormente un presunto daño al erario por más de 30 millones de pesos en contratos de publicidad y turismo vinculados a su gestión.
A esto se suma el perfil autoritario: en marzo de 2020, el periodista Cutberto Jiménez Mayagoitia (AM) denunció amenazas directas de Avilés tras publicar reportajes sobre el manejo de recursos.
La puerta giratoria: el escándalo de SM3
El conflicto de interés más reciente, y que impacta directamente a la administración de Gutiérrez Campos, es el caso de SM3 Comunicación S.A. de C.V., empresa de la que Avilés es socio.
Entre 2022 y 2024, León otorgó contratos millonarios a esta firma.
El más polémico se firmó el 10 de enero de 2024 por 2.155 millones de pesos, justo cuando Avilés fungía como funcionario federal en Turismo.
El contrato terminó el 4 de octubre de 2024; días después, Avilés dejó su cargo federal y asumió la Dirección de Comunicación de León, convirtiéndose en juez y parte de los servicios que su propia empresa vendió.
Investigaciones de 2025 señalan que, en su declaración patrimonial actual, Avilés ocultó ser socio de otras dos empresas, omitiendo ingresos y configurando un posible ocultamiento de conflicto de interés sancionable por la ley.
Las preguntas que la alcaldesa debe responder
Que el arquitecto de la estrategia política de León cargue con este expediente abre interrogantes de interés público que la alcaldesa no puede ignorar:
- ¿Conflicto de Interés?: ¿Existe una separación real entre el Avilés funcionario que asigna presupuesto y el Avilés empresario que cobró millones al mismo municipio?
- El Costo Político: Si Avilés es quien impulsa el rompimiento con el PAN para acercarse a Morena, ¿qué credibilidad tiene esa jugada viniendo de un operador con antecedentes de desvío de recursos y amenazas a la prensa?
- El Mensaje: ¿Qué dice de la administración de «orden y transparencia» el hecho de que su figura más influyente sea un personaje investigado por el SAT y la ASEG?